El actual gobierno federal ha implementado el derecho penal del enemigo como eje rector de nuestra vida política, que a mi forma de ver solo ha sido una herramienta de retroceso y represión, apreciación que tiene sustento en los siguientes hechos.
Al sacar al ejército a las calles para combatir al narcotráfico, ha retrasado el desarrollo de las instituciones de seguridad locales y en cierto caso lo ha hecho dependiente de la federación. Lo mejor sería apoyar a cada Estado con recursos económicos y con la implementación de cursos y capacitación de las policías locales y de esta forma ayudar a superar el atraso de los cuerpos policiales.
Para combatir a la corrupción policial, apoyar a los policías con mejores prestaciones y con capacitación continúa.
Con relación a la represión, he podido atestiguar durante mis viajes al interior de la república que el derecho penal del enemigo le ha permitido al sistema político tanto local como federal ocupar al ejército como aparato represor, basándose en la delación anónima, que por cierto es muy bien pagada, no es fiscalizada y es apoyada por la P.G.R., de forma programática y que puede culminar en un arraigo hasta por ochenta días sin que se den pruebas formales para poder justificarlos.
Ahora bien, al reconocer en el marco jurídico al narcotráfico como fuerza beligerante es contraproducente, pues pone a los carteles del narcotráfico a nivel del propio estado Mexicano, que en mi particular punto de vista es contraproducentes, pues de cierta forma le das legitimidad a lo ilegitimo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario